Reforma Fiscal 2026 y CFDI falsos

1. El punto de partida: artículo 29-A, fracción IX

La reforma adicionó al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación una nueva fracción IX, conforme a la cual los comprobantes fiscales deben:

“Amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.”

La misma disposición establece que los comprobantes que no cumplan ese requisito se consideran falsos para efectos del Código Fiscal de la Federación.

Esto introduce una regla expresa de gran importancia: la existencia formal de una factura no sustituye la existencia real de la operación.

En consecuencia, un CFDI técnicamente válido en los sistemas del SAT puede ser cuestionado si la autoridad considera que el bien no fue entregado, el servicio no fue prestado o el acto jurídico documentado no ocurrió realmente.

2. Materialidad y realidad de las operaciones

Para acreditar una operación no existe una lista universal de documentos que funcione para todos los casos. La evidencia necesaria depende del tipo de actividad, el monto, la complejidad y la forma en que se desarrolló la transacción.

Entre los elementos que pueden resultar relevantes se encuentran:

• Contratos y convenios.
• Órdenes de compra o de servicio.
• Comprobantes de pago y movimientos bancarios.
• Recepción y entrega de bienes.
• Inventarios y movimientos de almacén.
• Bitácoras, reportes y entregables.
• Correos electrónicos y comunicaciones.
• Personal involucrado en la ejecución.
• Evidencia técnica, fotográfica o digital.
• Documentación logística o de transporte, cuando corresponda.

La relevancia jurídica no está únicamente en acumular documentos, sino en que éstos sean congruentes entre sí y permitan reconstruir de manera razonable la operación.

3. Nuevas facultades de comprobación

El artículo 42, fracción V, inciso g) faculta a la autoridad fiscal para verificar que los CFDI amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales cuando exista una presunción de incumplimiento del requisito establecido en el artículo 29-A, fracción IX.

Para esta facultad se creó un procedimiento específico: el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Adicionalmente, el artículo 29-A Bis establece que si la autoridad ya se encuentra ejerciendo otras facultades de comprobación y detecta el incumplimiento del requisito del artículo 29-A, fracción IX, puede determinar lo correspondiente dentro de esas facultades sin necesidad de agotar previamente el procedimiento especial del 49 Bis.

4. Artículo 49 BIS: visita domiciliaria especial por CFDI presuntamente falsos

El artículo 49 Bis creó un procedimiento sumario de visita domiciliaria destinado a verificar si determinados CFDI cumplen con el requisito de realidad previsto en el artículo 29-A, fracción IX.

4.1 La orden debe explicar por qué existe la presunción

La autoridad debe señalar en la orden de visita el motivo por el cual presume que los CFDI emitidos por el contribuyente son falsos.

La presunción no debe aparecer únicamente al final del procedimiento: el motivo debe formar parte de la orden desde el inicio.

4.2 La facturación puede suspenderse desde el inicio

La propia orden debe disponer la suspensión de la emisión de CFDI a partir de su entrega o notificación.

La suspensión se mantiene hasta que se emita la resolución correspondiente al procedimiento.

Este es uno de los efectos más relevantes del 49 Bis: la afectación operativa puede producirse desde el inicio de la visita, antes de que exista una resolución definitiva sobre la falsedad de los comprobantes.

4.3 ¿Dónde puede realizarse la visita?

La diligencia puede llevarse a cabo en el domicilio fiscal y también en establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos o semifijos y en los lugares donde se realicen las actividades o se presten los servicios amparados por los CFDI.

4.4 Fotografías, audio y video

Los visitadores pueden utilizar herramientas tecnológicas para tomar fotografías y realizar grabaciones de audio o video durante la diligencia, en los términos previstos por el propio Código.

Estas evidencias pueden incorporarse al acta y formar parte del material utilizado por la autoridad al resolver.

4.5 ¿Qué ocurre si no puede practicarse la visita?

Si el domicilio no existe, no corresponde al contribuyente, nadie atiende la diligencia o se impide su práctica, el artículo 49 Bis establece reglas específicas de notificación y una nueva constitución de la autoridad en el lugar.

Si persiste el impedimento, la autoridad puede emitir, dentro del plazo previsto por la ley, una resolución que determine que el contribuyente emite comprobantes fiscales falsos.

5. El contribuyente tiene 5 días hábiles para defender la operación

Durante la diligencia o dentro de los cinco días hábiles siguientes, el contribuyente puede aportar medios de prueba y realizar manifestaciones para desvirtuar la presunción.

La ley exige además que cada medio de prueba se identifique y se relacione claramente con el hecho u observación que pretende desvirtuar.

El Código establece que las pruebas deben:

• Referirse directamente al objeto de la visita.
• No presentarse con fines meramente dilatorios.
• No haberse obtenido en violación de alguna disposición jurídica.
• No haber sido declaradas nulas en un procedimiento jurisdiccional o administrativo.

6. Plazos del procedimiento del artículo 49 Bis

Una vez concluido el plazo de cinco días hábiles para aportar pruebas, la autoridad cuenta con quince días hábiles para emitir y notificar su resolución.

En todo caso, el procedimiento debe concluir en un plazo máximo de veinticuatro días hábiles, contado desde la entrega de la orden o desde que surta efectos su notificación, según corresponda.

7. Posibles resultados de la resolución

La autoridad puede determinar:

1. Que se desvirtuó la presunción. En ese caso debe dejarse sin efectos la suspensión de la emisión de CFDI.
2. Que no se desvirtuó la presunción. En ese supuesto los CFDI se consideran falsos con efectos generales y las operaciones contenidas en ellos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

8. Publicación del contribuyente y efecto para terceros

Cuando la autoridad determina que no se desvirtuó la presunción, el nombre y RFC del contribuyente deben publicarse en el Portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación dentro del plazo previsto en el propio artículo 49 Bis.

La finalidad es que los terceros que recibieron esos CFDI conozcan la determinación y reviertan los efectos fiscales que les hubieran dado.

Los terceros cuentan con treinta días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para corregir su situación mediante la declaración complementaria correspondiente.

Si no lo hacen, la autoridad puede restringir temporalmente el uso de su Certificado de Sello Digital conforme al artículo 17-H Bis, fracción XIV.

El procedimiento ya está siendo aplicado. Durante 2026 el SAT ha publicado en el Diario Oficial de la Federación contribuyentes respecto de los cuales determinó, después del procedimiento del artículo 49 Bis, que no desvirtuaron la presunción de falsedad de los CFDI emitidos.

9. Artículo 69 B y artículo 49 Bis: no son el mismo procedimiento

Ambos pueden relacionarse con operaciones inexistentes o simuladas, pero no deben confundirse.

El artículo 69-B regula una presunción de inexistencia de operaciones bajo determinados supuestos, entre ellos la falta de activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados por los comprobantes, además de otros escenarios previstos en la ley.

El artículo 49 Bis, en cambio, constituye un procedimiento especial de visita domiciliaria vinculado directamente con el requisito del artículo 29-A, fracción IX.

Por ello, aunque ambos mecanismos pueden coincidir en ciertos hechos, tienen fundamento, trámite y consecuencias propias.

10. Responsabilidad penal: artículo 113 Bis

El artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación establece una sanción de dos a nueve años de prisión para quien, por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La reforma adicionó expresamente la misma sanción para quien:

• Expida comprobantes fiscales falsos.
• Enajene comprobantes fiscales falsos.
• Compre comprobantes fiscales falsos.
• Adquiera comprobantes fiscales falsos.
• Dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos.

El propio artículo señala que este delito puede investigarse y perseguirse independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo correspondiente.

También prevé consecuencias para determinadas plataformas digitales y para quien, a sabiendas, permita o publique anuncios relacionados con la adquisición o enajenación de este tipo de comprobantes.

No toda irregularidad fiscal constituye automáticamente un delito. Debe distinguirse entre un error administrativo, una controversia sobre materialidad, una determinación fiscal y la actualización de un tipo penal. La responsabilidad penal exige el análisis de la conducta concreta y debe determinarse en el procedimiento correspondiente.

11. Artículo 115 Ter: documentación falsa o alterada

La reforma incorporó también el artículo 115 Ter del Código Fiscal de la Federación.

Esta disposición establece una sanción de tres a seis años de prisión para quien, a sabiendas, declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado por el CFF.

Esto resulta particularmente relevante durante una defensa frente al artículo 49 Bis: la prueba aportada para acreditar la realidad de una operación debe ser auténtica, congruente y corresponder con hechos efectivamente ocurridos.

12. Artículo 19 constitucional

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye actualmente, dentro de los supuestos previstos en materia de prisión preventiva oficiosa:

“contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley”.

Esta referencia fue incorporada mediante la reforma constitucional publicada el 31 de diciembre de 2024 y se mantiene en el texto constitucional reformado posteriormente.

Su aplicación debe analizarse de manera conjunta con la legislación fiscal y penal correspondiente y con las circunstancias concretas de cada asunto.

13. Suprema Corte: actualización de agosto de 2026

Durante 2026 surgieron criterios judiciales distintos respecto de la posibilidad de obtener una suspensión provisional en amparo contra la interrupción de la emisión de CFDI prevista en el artículo 49 Bis.

Un Tribunal Colegiado sostuvo inicialmente que sí podía concederse la suspensión provisional para evitar que el contribuyente quedara imposibilitado para facturar mientras se resolvía el procedimiento.

Ese criterio fue publicado como tesis aislada con registro digital 2032544.

Sin embargo, el 20 de agosto de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Criterios 55/2026 y determinó que no procede conceder la suspensión provisional contra la orden que interrumpe la emisión de CFDI durante el procedimiento del artículo 49 Bis.

La Corte consideró que conceder esa medida cautelar podría afectar el interés social, el orden público y las facultades de fiscalización dirigidas a detectar comprobantes fiscales presuntamente falsos.

14. CFDI cancelado no es lo mismo que CFDI falso

Debe evitarse confundir ambas figuras.

La cancelación de un CFDI está sujeta a reglas específicas. Por otra parte, la falsedad prevista en el artículo 29-A, fracción IX se relaciona con que el comprobante no ampare una operación existente, verdadera o un acto jurídico real.

Por lo tanto, un CFDI cancelado no puede calificarse automáticamente como falso por el solo hecho de encontrarse cancelado.

15. ¿Cómo debe prepararse una empresa?

El plazo del artículo 49 Bis es demasiado breve para comenzar a reconstruir desde cero operaciones de meses o años anteriores. La prevención documental resulta esencial.

1. Integrar expedientes contemporáneos a la operación. No esperar a una auditoría para reunir la evidencia.
2. Relacionar contrato, CFDI, pago y entregable. Los documentos deben contar una misma historia.
3. Documentar materialidad. Conservar evidencia de quién, cómo, cuándo y dónde se prestó el servicio o se entregó el bien.
4. Revisar proveedores relevantes. Especialmente en operaciones de alto monto o complejidad.
5. Conservar trazabilidad bancaria y operativa. La ruta del dinero debe ser congruente con la operación.
6. Definir un protocolo para visitas. Recepción de autoridades, identificación de responsables, conservación de evidencia y atención jurídica inmediata.
7. Preparar una respuesta rápida. El plazo de cinco días hábiles obliga a contar con expedientes organizados antes de cualquier revisión.

16. Conclusión

La reforma fiscal 2026 cambió de manera importante el tratamiento de los CFDI vinculados con operaciones inexistentes o falsas.

La principal transformación consiste en que la realidad de la operación se convirtió expresamente en un requisito del comprobante fiscal, mientras que el artículo 49 Bis creó un procedimiento de verificación rápido, con la posibilidad de suspender la facturación desde el inicio.

Además, las consecuencias pueden extenderse a quienes recibieron y utilizaron los CFDI, así como al ámbito penal cuando la conducta concreta encuadre en los supuestos previstos por el Código Fiscal.